El Tribunal Supremo viene desautorizando la tesis de muchos juzgados y tribunales para denegar la custodia compartida pero …

Blanco y en botella, por enésima vez.

El argumento de muchas Sentencias para no acordar la guarda conjunta es que si los progenitores pactaron en su día en el convenio regulador la custodia materna sería porque en ese momento consideraron que éste modelo de custodia amparaba mejor que ningún otro el interés del menor, y si ésta ha venido desarrollándose sin ningún problema y el hijo se relaciona normalmente con el padre, no conviene introducir ningún cambio.

 

El Tribunal Supremo, al resolver un recurso de casación en Sentencia de 26 de junio de 2015, ha echado por tierra los razonamientos jurídicos que llevaron a un Juzgado de 1ª Instancia y, posteriormente, a la Audiencia Provincial de Sevilla a rechazar la custodia compartida

Señala el alto tribunal en primer lugar que:

  • lo que la sentencia de primera instancia dice es que “ambas partes convinieron las medidas que habían de regir en el futuro sus relaciones y en ellas se dispuso que la menor permaneciera bajo el cuidado cotidiano de su madre, por lo que no resulta oportuno la modificación de la medida, alterando una situación que se viene desarrollando de forma adecuada y que responde a lo querido por los progenitores”. Sin embargo, obvia otras cuestiones que sin embargo sí acredita clara y formalmente, sin discusión alguna, la Audiencia Provincial, pese a que ratifica la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia como es que “el padre es un buen padre de familia”. Por otra parte, dicha sentencia del Juzgado de 1ª Instancia, nada argumenta tampoco sobre la evolución natural de la menor desde que el convenio se aprueba hasta el momento de dictar la misma.
  • la sentencia de 1ª Instancia y posterior ratificación por la Audiencia Provincial solo ha valorado el convenio regulador anterior sin tener en cuenta cambio de circunstancias algunas que pudieran propiciar un régimen de custodia distinto.
  • la sentencia no concreta el interés de la menor y petrifica la situación de la menor desde el momento de aquella firma del convenio regulador, sin atender a los cambios que desde entonces se han producido. El hecho de que haya funcionado correctamente el sistema instaurado en el convenio no es especialmente significativo para impedirlo pues no en vano se reconoce que ambos cónyuges están en condiciones de ejercer la custodia de forma individual, a resultas de la sentencia de la Audiencia Provincial.

En segundo lugar que lo que se pretende con esta medida -dice la misma sentencia- es “asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral del menor” y, en definitiva, “aproximar al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial a la vez que garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que sin duda parece también lo más beneficioso para ellos”.

En tercer lugar, “la rutina en los hábitos de la niña que resultan del régimen impuesto en el convenio regulador no solo no es especialmente significativa, dada su edad, sino que puede ser perjudicial en el sentido de que no se avanza en las relaciones con el padre a partir de una medida que esta Sala ha considerado normal e incluso deseable, porque no permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores”.

Por consiguiente, “la valoración del interés de la menor no ha quedado adecuadamente salvaguardada. La solución aplicada – por el juzgado de 1ª Instancia y ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial – en la resolución recurrida no ha tenido en cuenta los parámetros necesarios, y ello sin perjuicio de que esta medida pueda ser revisada cuando se demuestre que ha cambiado la situación de hecho y las nuevas circunstancias permitan un tipo distinto de guarda o impidan el que se había acordado en un momento anterior”.

Fuentes:

  • Sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 7 de Sevilla y ratificada por la Sec. 2.ª de la AP de Sevilla.
  • Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2.015

 

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